Volver
HERALDO DE ARAGÓN (28/05/2002)

¿Razones para una huelga?
ALEJANDRA GALLARDO PALOMO

La huelga de la enseñanza, ya casi inminente, tiene dos destinatarios a primera vista dispares: la Ley de Calidad y el proyecto de la Consejera Aragonesa de Educación respecto a la financiación de la enseñanza privada. En el caso de que el móvil inicial fuera este último no habría nada que objetar pues he expresado una y otra vez, aunque la materialización de esa expresión esté, paradójicamente, inédita, el rechazo a que se destinen fondos públicos a la financiación de la escuela privada. Nunca he ocultado mi malestar con la decisión del Gobierno Regional de financiar esos ochenta centros privados que acogen alumnos de 3 a 6 años y siguen con ellos cuando comienzan la etapa obligatoria. Y siempre he sostenido que una Consejera, por no decir un Gobierno, que adopta esas medidas no debe continuar porque no administra adecuadamente el dinero del Estado.

Algunos hemos manifestado públicamente y en los foros pertinentes la necesidad de exigir la destitución de la Consejera de Educación si no se avenía a retirar su proyecto, pero esa exigencia no ha sido respaldada por organizaciones con implantación mayoritaria en el sector educativo (no debe colegirse de ahí que lo sean en Secundaria o Bachillerato), más inclinadas por entonces a entrevistas, recomendaciones o tenues protestas a modo de amistosa reconvención.

Y seguimos donde estábamos. Porque una huelga de las características de la convocada debería llevar como punto único la retirada del proyecto de financiación, en su defecto la destitución de la Consejera o incluso la reprobación del Presidente Autonómico, responsable jerárquico de la decisión. Sin embargo, resulta curioso observar cómo conforme se acerca la fecha las voces que hace unos días reclamaban con inusitado vigor la retirada del proyecto cuestionado se contentan hoy con afirmar que "la generalización por la generalización es desproporcionada" e incluso que "...una vez hecha la generalización es imprescindible que se cumpla la normativa". Escaso bagaje para convocar una huelga cuando se da por sentado que se va a generalizar la ayuda económica y lo único que se solicita es que se cumplan las normas para lo que se brinda como garante -y seguramente el máximo mandatario de estas latitudes lo diría sin rubor- el sindicato afín a una de las formaciones que gobiernan Aragón.

Posiblemente la razón última de la huelga no esté exacactamente ahí; es curioso que sean precisamente los sindicatos mayoritarios los que apoyen una huelga que va contra los partidos políticos que les dan cobijo -por otra parte compañeros de viaje en el mismo gobierno-, lo que suscita dudas razonables acerca de que la verdadera finalidad de la huelga consista en obligar al gobierno regional a retirar el proyecto. Pero los hechos cobran sentido si la oposición se centra en la Ley de Calidad porque entonces la protesta se convierte en la antesala de otra huelga de mayor enjundia, la que hay prevista para mediados de junio, a modo del telonero que abre el camino a la estrella del concierto. El rechazo que ha suscitado la medida de la Consejera Aragonesa se aprovecha de forma solapada para traspasar la responsabilidad de tal desafuero a la Ley de Calidad, que ni excluye la financiación ni obliga a ella, olvidando, como ha señalado, esta vez con acierto, la Ministra y cualquier persona sensata puede advertir, que el dinero se transfiere en conjunto y son las propias Comunidades las que establecen sus prioridades en cuanto a políticas educativas y sociales.

Un personaje público, de adscripción socialista y destacado sindicalista, declaró hace unos días a propósito de la huelga del mes próximo que si no se daban las condiciones, habría que ir creándolas. Quizá la huelga programada en nuestra Comunidad forme parte de esas condiciones. Porque resulta extraño que la Consejera Aragonesa haya sido tan severa en su crítica a la Ley de Calidad y sea ella precisamente la que ha aplicado más drásticamente el único supuesto que todo el mundo rechaza: la financiación de la escuela privada en un tramo que no es obligatorio, pero que constituye el vivero de la educación obligatoria. Su práctica, muy poco sensible con el sentir del profesorado, podría desembocar en un tiempo no muy lejano en el supuesto teórico que uno de sus aliados gubernamentales ha formulado con suma agudeza al decir sin tapujos que no se tardaría mucho en ver a los profesores de la pública pidiendo un empleo en la concertada.

Si en mayor o menor medida hay un cierto consenso contra el desvío de fondos públicos a la enseñanza privada, en lo que concierne a la Ley de Calidad ya es otra cosa. Esa ley contiene puntos que los profesores en activo hemos defendido y defendemos porque vivimos, analizamos y comprendemos día a día la realidad en las aulas y somos partidarios de que la voluntad, el trabajo y el esfuerzo de los alumnos obtengan unas compensaciones que ahora les están vedadas por obra y gracia de una LOGSE, auspiciada y elaborada por gentes ajenas al mundo de la docencia no universitaria, que ha olvidado la importancia de la memoria y el conocimiento en beneficio de un pedagogismo o psicologismo lesivos para nuestro quehacer profesional. Al margen de que exista la Prueba General del Bachillerato (a la que se apresuraron a calificar de reválida franquista los responsables del desaguisado logsiano) sobre la que no toca ahora pronunciarse, algunos aspectos como el establecimiento de itinerarios a edades en las que ya se ve con claridad la relación que un alumno ha establecido con sus estudios o la protección al profesorado en cuestiones disciplinarias pueden ser positivos; otras como el intervencionismo de la Administración en la elección del director o el desarrollo de la carrera docente no deben apoyarse.

Lo que en este momento interesa es que el Gobierno Aragonés retire el proyecto de financiación, rectifique y destine el dinero a reparar las carencias de la escuela pública; así al menos mantendría cierto grado de coherencia con lo que su partido hace en el resto de España. Si son las alianzas regionales la causa de la medida, la huelga habría de dirigirse contra el Ejecutivo Autonómico exigiendo la ruptura del pacto de gobierno con un socio que impone acuerdos contrarios al sentir de los partidarios de la escuela pública. No deben meterse en el mismo saco la decisión de la Consejera Aragonesa y la Ley de Calidad. Cada cosa en su sitio.


Alejandra Gallardo Palomo Profesora de Instituto y Delegada Sindical de la Asociación de Profesores de Secundaria (A.P.S.- Aragón).