Volver
HERALDO DE ARAGÓN (3/03/04)

Exámenes en junio o septiembre
LUIS GÓMEZ EGIDO

La decisión del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón de situar en el mes de junio las pruebas extraordinarias en la ESO ha propiciado la toma de posición de la comunidad educativa que, con la sorprendente excepción de la Junta Directiva de la FAPAR, se ha manifestado unánimemente a favor de hacerlas en septiembre. Todos han destacado lo más evidente: es imposible que, en junio, en unos pocos días, pueda recuperarse lo que no se ha logrado superar en todo un curso.

No conocíamos las razones de la Administración educativa aragonesa que, por fin, ha hecho públicas la consejera ante la Comisión de Educación de las Cortes de Aragón. Allí, se manifestó que la decisión se había tomado tras escuchar a los distintos sectores de la comunidad educativa y por criterios exclusivamente pedagógicos. Ninguna de las dos afirmaciones resulta ser cierta.

La comunidad escolar no sido consultada, como denunciaron en la misma sesión los portavoces de CHA, PP e IU. Y tampoco se ha recabado la opinión de los profesores de Secundaria, precisamente los docentes a cuyo cargo estarán esas pruebas.

Los profesores, diversas APAs de centros de Secundaria, los siete sindicatos de la Enseñanza Pública y la Junta de Personal, al menos, han pedido que este año los exámenes se celebren en septiembre. La comunidad educativa, pues, se ha pronunciado y el Departamento ha hecho, exactamente, todo lo contrario.

El esfuerzo de la Administración por encontrar razones pedagógicas no ha sido recompensado con el debido éxito. Empecemos por la afirmación de que "el debate entre junio y septiembre es un debate falso, el verdadero debate es el de la evaluación". Los que sitúan las pruebas en junio sostienen que no tendría que haber exámenes extraordinarios, sino evaluación continua. Pero olvidan, o no saben, que ya hay evaluación continua y que la calificación que los alumnos obtienen en junio es el resultado y reflejo de su trabajo y rendimiento durante todo el curso. Pero evaluación continua no es sinónimo de aprobado; ocultan sus "defensores" que su resultado puede ser negativo. Los exámenes extraordinarios son una oportunidad más para que quien haya suspendido pueda recuperar. No suplantan ni impiden la evaluación continua: se ofrecen después de ella a los que no han aprobado.

Los exámenes extraordinarios, dice la consejera, son "algo inoportuno e inconveniente que han logrado revelar un concepto educativo trasnochado e incompetente". Entonces, ¿es inoportuno e inconveniente ofrecer una segunda oportunidad? ¿Se es competente si se determina ya desde junio el fracaso de los alumnos? ¿O se pretende, acaso, que quien suspenda en junio tenga inexorablemente que repetir curso?

Hay dos "argumentos" más: los exámenes en junio permiten el merecido descanso al estudiante -incluido el "formativo" descanso del que no se ha cansado durante el curso- y la igualdad de oportunidades. Algunos han señalado que examinar en septiembre permitiría "a los pudientes" asistir a academias particulares, con ventaja sobre el resto. Para ellos, parece estar bien que las familias gasten, por ejemplo, en los chiringuitos de la playa; pero no está nada bien, y atenta contra la igualdad de oportunidades, que destinen algún esfuerzo -y no sólo económico- al aprovechamiento académico de sus hijos, mientras otros, tras suspender, gozan del "merecido descanso". Resulta sumamente esclarecedor este ilustrado propósito de igualar en la ignorancia.

Termina la Administración: si los exámenes son en junio, se realizarán con los mismos profesores que hayan tenido durante el curso, pues "los alumnos tienen derecho a ser examinados por el mismo profesor". Sorprende esta afirmación de un Departamento que, por sistema y a pesar de las protestas sindicales, no prorroga el contrato de los docentes interinos hasta los exámenes de septiembre -que ya los hay, por ejemplo, en el Bachillerato- y obliga así a que los alumnos se examinen con distinto profesor. Lo que es malo para estudiantes de la ESO ¿es bueno para los de Bachillerato? La desesperada búsqueda de argumentos para justificar su errónea decisión no debería llevar a incurrir en tan clamorosas contradicciones.

Prorroguen los contratos de los interinos hasta que termine el curso escolar, tras los exámenes de septiembre. Concedan a todos los alumnos el derecho, que sólo reconocen de palabra, a examinarse con el mismo profesor. Y no ahorren tanto en educación pública, sobre todo en lo que atañe a la atención y ayuda para evitar el fracaso escolar.

La decisión de examinar en junio se tomó en la reunión de consejeros de Educación de las Comunidades con gobierno socialista. Fue una determinación política y equivocada, que atenta contra el interés de los alumnos y sus familias y, por ello, resulta muy difícil encontrar argumentos pedagógicos que la justifiquen.

Es, no obstante, un acuerdo que puede modificarse. Pregunten a los profesores, a los padres, a los estudiantes. Introduzcan la lógica y el sentido común en el tratamiento del hecho educativo y rectifiquen en interés y beneficio de la educación aragonesa. Contarán con el apoyo de toda la comunidad educativa.


Luis Gómez Egido.
Asociación de Profesores de Secundaria de Aragón.