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LA LEGISLACIÓN CONTRA LOS PROFESORES
Estudio sobre legislación docente (2001)
Blanca García Olmos


El tema que voy a tratar no es especialmente ameno; ya sabemos todos que las leyes no son esencialmente divertidas ni su lenguaje primordialmente literario, pero que creo que son fundamentales para entender la situación a la que hemos llegado los profesores.

Hace un par de años, reflexionando acerca de los cambios que había sufrido mi trabajo en los diecinueve años que entonces llevaba dedicada a la docencia, me pregunté por qué había ocurrido. Los motivos que se suelen aducir son los meramente sociales: los tiempos han cambiado, la enseñanza es obligatoria hasta los dieciséis años, la institución familiar se ha desmoronado, los medios de comunicación ejercen una influencia negativa, y hasta han intentado hacernos creer que el problema se sustenta en nuestra incapacidad para adaptarnos a los nuevos tiempos. Pero todos los que llevamos cierto tiempo dedicándonos a la docencia hemos sentido un cambio sustancial en estos últimos años ajeno a nosotros mismos: nuestras condiciones laborales han empeorado notoriamente, padecemos más enfermedades de tipo psíquico, más afonías, más dolores de espalda, nuestro poder adquisitivo ha disminuido, nuestra insatisfacción ha aumentado, etc., y parece dudoso que todo esto se deba a los aspectos antes mencionados.

Al final de esta sesión cada uno sacará sus propias conclusiones, pero mi intención es demostrar que, además de todos los factores aludidos, que sin duda algo han influido, ha habido una clara intencionalidad por parte de las distintas administraciones educativas, especialmente durante la década de los años ochenta. Dado que trabajando como profesora de Instituto el tiempo para otras tareas queda muy reducido, no he podido estudiar a fondo toda la legislación, por lo que voy a referirme en mayor medida a las leyes orgánicas, aunque algún comentario, no obstante, haré a otras disposiciones sin rango de ley y a decisiones que se han adoptado sin necesidad de promulgar ninguna disposición legal, igualmente lesivas para los profesores, como ya iremos viendo.

Voy a dividir este trabajo en tres bloques: la legislación dedicada a discriminarnos respecto del resto de funcionarios, la promulgada para desprestigiarnos ante la sociedad, padres y alumnos incluidos, y la establecida para quebrantar nuestra moral y hacernos sentir unos parias sin capacidad de decisión alguna, bien es verdad que les va a costar mucho trabajo conseguir este último empeño. No contaban con nuestro proverbial arrojo ni con nuestra entereza para afrontar los vaivenes del destino. Aunque estos dos últimos aspectos están íntimamente ligados, los voy a presentar por separado para estructurar así mejor esta exposición.

Voy a comenzar por la discriminación respecto del resto de los funcionarios. En 1984 se promulgó la Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, modificada por la 23/88, de 28 de julio, y la 22/93, de 29 de diciembre, en la que se establece el régimen funcionarial en general, por lo que incluye también a los funcionarios docentes.

En ella, se dedica una Disposición Adicional, concretamente la Decimoquinta, específicamente contra los docentes.
El Apartado 1 de esta Disposición nos excluye de:

Art. 20, 1.g: "El funcionario que vea modificado su lugar de residencia tendrá derecho a las indemnizaciones que por tal concepto establezca la Administración Pública a la que pertenezca. En el ámbito de la Administración General del Estado la indemnización consistirá en el abono de los gastos de viaje, incluidos los de su familia, una indemnización de tres dietas por el titular y cada miembro de su familia que efectivamente se traslade y el pago de los gastos de transporte de mobiliario y enseres, así como una indemnización de tres mensualidades de la totalidad de sus retribuciones excepto el complemento de productividad, cuando se produzca el cambio de provincia o isla. Ello sin perjuicio de otras ayudas que en el propio Plan de Empleo puedan establecerse". Es decir, a nosotros, encima de que nos cambian de destino con mucha mayor frecuencia que al resto de los funcionarios, con los perjuicios que ello supone, no nos pagan los gastos como a los demás.

Art. 21, 1.c "Todo funcionario posee un grado personal que corresponderá a alguno de los niveles en que se clasifiquen los puestos de trabajo." 21, 1.d: "El grado personal se adquiere por el desempeño de uno o más puestos de nivel correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción". Dicho así, a lo mejor no queda claro, así que voy a explicarlo con un ejemplo. En los años ochenta, D. Gonzalo Junoy era Dir. Gral. de Personal y Dña. Carmen Maestro, Dir. Gral. de Centros. El cargo de Dir. Gral. tiene asignado un nivel 30. Bien, Junoy no era docente mientras que Carmen Maestro era profesora de instituto. Al abandonar el cargo, Junoy siguió cobrando, y cobrará durante toda su vida, el nivel 30, mientras que Carmen Maestro volvió al nivel 24. O un profesor que esté ejerciendo la Jefatura de Departamento durante dos años o más, tampoco consolida el nivel 26 como los demás. No me meto en si es justo que un funcionario cobre durante toda su vida un nivel en el que ya no está trabajando, pero me parece vergonzoso que se nos excluya específicamente a nosotros.

Art 29, 5.3.- (añadido por la Ley 22/1993) ... "El periodo máximo de duración de la situación de expectativa de destino será de un año, transcurrido el cual se pasará a la situación de excedencia forzosa." 29.6 b.- ... "Quienes se encuentren en esta modalidad de excedencia forzosa tendrán derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo."

Más de uno hubiéramos querido quedarnos en casa cobrando, aunque fuera menos, en vez de estar en expectativa de destino de acá para allá durante años y años, por el estrés que supone cambiar todos los años de alumnos, compañeros, centro, localidad, etc. etc., y encima sin pagarnos los gastos.

Art. 29.7.- "Los funcionarios afectados por un proceso de reasignación de efectivos . . . podrán ser declarados a su solicitud, en situación de excedencia voluntaria incentivada. . . /. . la excedencia voluntaria incentivada tendrá una duración de cinco años . . ./ . . . tendrán derecho a una mensualidad de las retribuciones de carácter periódico, excluidas las pagas extraordinarias y el complemento de productividad, devengadas en el último puesto de trabajo, por cada año completo de servicios efectivos y con un máximo de doce mensualidades."

Es posible que a unos nos interesara y a otros no, pero lo que está claro es que no nos dan la posibilidad de elegir como a los demás.

Hasta ahora, hemos visto los artículos de esta Ley que van directamente en contra de los docentes, pero hay otros que de una forma ilegal no se cumplen para los docentes, es decir, los que se aplican a los funcionarios en general, excepto para los que tenemos la fea costumbre de trabajar con la tiza.

¡COMPARAD!

SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID SEGÚN EL ACUERDO DE HOMOLOGACIÓN FIRMADO POR TODOS LOS SINDICATOS Y LA CAM

  Grupo A, nivel 26 Grupo A, nivel 24
Año 99 Docentes No docentes Docentes No docentes
Máximo 4.713.426 5.614.970 4.515.258 5.024.414
Mínimo 4.053.450 5.317.322 3.855.282 4.581.314

Para calcular el máximo que puede cobrar un docente, se ha supuesto que tiene treinta años de antigüedad y cobra todos los sexenios por haber realizado las 500 horas de formación. Para calcular el máximo del Personal de Administración y Servicios (no docentes), simplemente se le ha adjudicado el complemento específico máximo; no necesitan antigüedad para cobrarlo. Para calcular el mínimo que puede cobrar un docente, se ha supuesto que tiene menos de seis años de antigüedad y no cobra ningún sexenio de formación y al PAS, se le ha adjudicado el complemento específico mínimo. No se incluyen los trienios, por ser iguales en todos los casos. Como en la autonomía de Madrid no existe el nivel 24, a todos los funcionarios que tenían ese nivel se les ha pasado al 25, excepto a los docentes

¡Se han utilizado criterios totalmente distintos para homologar los sueldos del Personal de Administración y Servicios y los de los funcionarios docentes dentro del mismo Acuerdo!

Ante esta situación, nos ofrecemos a facilitar toda la información complementaria que avala los datos mencionados (B.O.C.A.M., Arts. de Magisterio y Escuela Española, B.O.E. e información de los propios sindicatos firmantes) en el Apartado de Correos y teléfono arriba indicados atenderemos cualquier petición: reunión informativa en el centro, remisión de documentación o asamblea de zona. Nos encantaría una asamblea conjunta con los sindicatos firmantes.

Art. 20.1.c ..."En las convocatorias de concurso deberán incluirse, en todo caso, los siguientes datos y circunstancias: Denominación, nivel y localización del puesto. . .". Esto quiere decir que cuando cualquier funcionario participa en un concurso de traslados, sabe de antemano las plazas que hay y no tiene que concursar a ciegas como nosotros. Somos los únicos funcionarios en cuyas convocatorias de traslados no figuran las plazas a las que pueden optar. Las plantillas las suelen publicar en marzo o abril, mucho después de la convocatoria de traslados.

Al margen de esta Ley, el 0,7% del presupuesto de todos los Ministerios siempre se ha dedicado a prestaciones sociales para los funcionarios no docentes, amparándose en que los estudios les salían gratis a nuestros familiares de primer grado y a nosotros mismos. Pues bien, en la década de los ochenta se nos negó esta gratuidad, pero seguimos excluidos de las ayudas prestadas a los demás con ese 0,7 %. Y también el la década de los ochenta suprimieron los famosos "moscosos" para los funcionarios docentes, amparándose en esta ocasión en que tenemos muchas vacaciones. Ante la sociedad, por cierto, quedamos como una panda de vagos cuando la mayoría absoluta de los profesores nunca se cogía estos días, excepto en caso de necesidad, no como el resto de funcionarios que se los cogen todos los años por principio, especialmente en los puentes, y en los Ministerios nadie se escandaliza. Y, además ¿cómo pueden comparar el trabajo de oficina con la enseñanza?

Por último, somos los únicos funcionarios a quienes se le exige la realización de cursos de formación para percibir un complemento, y, encima, el resto de funcionarios hacen los cursos dentro de su jornada laboral y siempre se los pagan, no como nosotros, que nos tenemos que buscar la vida, hacerlos fuera de nuestro horario y, la mayor parte de las veces, pagarlos. Esto ocurre en virtud de un acuerdo que firmaron los sindicatos representativos con el entonces MEC en la década de los noventa.

El siguiente paso fue desprestigiarnos ante la sociedad, los padres y los alumnos. En 1985 se promulga la LODE.

Ya en el preámbulo se inicia un ataque contra los profesores de Instituto, pues se acuña el nefando término globalizador de "Cuerpos Docentes no Universitarios". La intención era obvia: querían minimizar a los profesores de EEMM y arrebatarles su entidad propia, y empezaron por la terminología; nos denominaron por lo que no somos, no por lo que somos, incluso faltando a la verdad llamándonos "Profesores no universitarios", siendo, como somos, licenciados. Además, nos metieron a todos en el mismo saco, formaron un "totum revolutum" de todos los docentes que no impartían docencia en la Universidad para evitar distinciones entre la enseñanza primaria y las EEMM, y tender así hacia el Cuerpo único. Y si nos paramos a pensar, cosa que no hicieron ellos, esta definición es absurda en sí misma, pues las clases de equitación, macramé, encaje de bolillos, etc. etc. tampoco se imparten en la Universidad, y están incluidas en la definición. Creo sinceramente que deberíamos iniciar una campaña exigiendo que nos devuelvan nuestro nombre, Enseñanzas Medias, porque esto tiene mucha más importancia de lo que a simple vista parece.

Por ejemplo, en el Art. 31 se establece "En el Consejo Escolar del Estado, cuyo Presidente será nombrado por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia de entre personas de reconocido prestigio en el ámbito educativo, estarán representados: a) Los profesores, cuya designación se efectuará por sus centrales y asociaciones sindicales más representativas, de modo que sea proporcional su participación, así como la de los diferentes niveles educativos y la de los sectores público y privado de la enseñanza." Hace cuatro años, ahora no tengo datos, no había un solo profesor de instituto en el Consejo Escolar del Estado. Estaréis pensando que no se cumple la representación de "los diferentes niveles educativos", pero sí, al formar parte de los Cuerpos Docentes no Universitarios estamos en el mismo nivel educativo de los maestros, y es otra consecuencia de algo que parece trivial, la nomenclatura. Todos los representantes sindicales de la enseñanza pública "no universitaria" eran maestros. Y encima esto obliga a que las elecciones sindicales sean las mismas.

En los Artículos 3, 4, 5, 6 y 7, se recogen los derechos de profesores, padres y alumnos. Me he permitido hacer una transparencia para que quede en evidencia el propósito de los legisladores:

Profesores
Art.3.- Los profesores en el marco de la Constitución, tienen garantizada la libertad de cátedra. Su ejercicio se orientará a la realización de los fines educativos, de conformidad con los principios establecidos en esta Ley.
Padres
Art. 4.- Los padres o tutores, en los términos que las disposiciones legales establezcan, tienen derecho:
A) A que sus hijos o pupilos reciban una educación conforme a los fines establecidos en la Constitución y en la presente Ley.
B) A escoger centro docente distinto de los creados por los poderes públicos.
C) A que sus hijos o pupilos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Art. 5.-
1.- Los padres de los alumnos tienen garantizada la libertad de asociación en el ámbito educativo.
2.- Las asociaciones de padres de alumnos asumirán, entre otras, las siguientes funciones:
 a) Asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos o pupilos.
 b) Colaborar en las actividades educativas de los centros.
 c) Promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del centro.
3.- En cada centro docente podrán existir asociaciones de padres de alumnos integradas por los padres o tutores de los mismos.
4.- Las asociaciones de padres de alumnos podrán utilizar los locales de los centros docentes para la realización de las actividades que le son propias, a cuyo efecto los directores de los centros facilitarán la integración de dichas actividades en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma.
5.- Las asociaciones de padres de alumnos podrán promover federaciones y confederaciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en la legislación vigente.
6.- Reglamentariamente se establecerán, de acuerdo con la Ley, las características específicas de las asociaciones de padres de alumnos.
Alumnos
Art. 6.- Se reconoce a los alumnos los siguientes derechos básicos:
a) Derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad.
b) Derecho a que su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios de plena objetividad.
c) Derecho a que se respete su libertad de conciencia, así como sus convicciones religiosas y morales, de acuerdo con la Constitución.
d) Derecho a que se respete su integridad y dignidad personales.
e) Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del Centro, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.
f) Derecho a recibir orientación escolar y profesional.
g) Derecho a recibir las ayudas precisas para compensar posibles carencias de tipo familiar, económico y sociocultural.
h) Derecho a protección social en los casos de infortunio familiar o accidente.
2.- Constituye un deber básico de los alumnos, además del estudio, el respeto a las normas de convivencia dentro del centro docente.

Art. 7.-
1.- Los alumnos podrán asociarse, en función de su edad, creando organizaciones de acuerdo con la Ley y con las normas que, en su caso, se establezcan.
2.- Las asociaciones de alumnos asumirán, entre otras, las siguientes finalidades:
 a) Expresar la opinión de los alumnos en todo aquello que afecte a su situación en los centros.
 b) Colaborar en la labor educativa de los centros y en las actividades complementarias y extraescolares de los mismos.
 c) Promover la participación de los alumnos en los órganos colegiados del centro.
 d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y de trabajo en equipo.
 e) Promover federaciones y confederaciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en la legislación vigente.

A los profesores no se nos reconoce ningún derecho, puesto que el único que figura, la libertad de cátedra ya la teníamos reconocida gracias a la Constitución, que si no, ni eso. Además, se me ha planteado un problema de lógica. El que he subrayado en los alumnos "Derecho a que se respete su integridad y dignidad personales", como hemos visto, no figura para los profesores. ¿Significa eso que los alumnos tienen derecho a ser respetados mientras que los profesores no? Para despejar la duda, en desarrollo de esta Ley se han promulgado varios Decretos sobre derechos y deberes de los alumnos, mientras que jamás se han definido los derechos de los profesores, aunque eso sí, sus obligaciones están muy bien determinadas a lo largo de toda la legislación.

En el Art. 36.b se crea el Consejo Escolar del Centro. Ya no somos los profesores los que dirigimos los centros educativos; ante la sociedad somos incapaces de desempeñar nuestro trabajo: ¿Por qué no participan los enfermos en la gestión de los centros sanitarios? Dirán que los enfermos no entienden de medicina y que, además, no son siempre los mismos. ¿Es que de Educación entiende todo el mundo? ¿Y los padres y alumnos son siempre los mismos? Y esos padres que son eternos en la CEAPA y en la CONCAPA ¿Siguen teniendo hijos en edad escolar? A lo mejor tienen veinte hijos y desde que empieza el primero hasta que acaba el último pasan muchos años. Pero ¿Saben de qué hablan? ¿Por qué los pasajeros de un avión no pueden votar cómo ha de aterrizar el piloto? En el único sector en el que votan personas ajenas a la profesión es en la enseñanza.

En el Art. 37.1 se decide que el Director, que desde el inicio de la democracia se había elegido en el seno de los Claustros, petición que ya provenía desde el s. XVIII, sea elegido por el Consejo Escolar. Fijense qué finamente nos relegan dentro, incluso, de los centros. No podemos elegir siquiera al Director. Y en el Art. 40, elige hasta al Secretario y al Jefe de Estudios.

Atribuciones del Consejo Escolar y del Claustro: Art. 42 y 45

1.- El Consejo Escolar del Centro tendrá las siguientes atribuciones:
a) Elegir al Director y designar al equipo directivo por él propuesto.
b) Proponer la revocación del nombramiento del Director, previo acuerdo de sus miembros adoptado por mayoría de dos tercios.
c) Decidir sobre la admisión de alumnos, con sujeción estricta a lo establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.
d) Resolver los conflictos e imponer las sanciones en materia de disciplina de alumnos, de acuerdo con las normas que regulen los derechos y deberes de los mismos.
e) Aprobar el proyecto de presupuesto del Centro.
f) Aprobar y evaluar la programación general del Centro que con carácter anual elabore el equipo directivo.
g) Elaborar las directrices para la programación y desarrollo de las actividades escolares complementarias, visitas y viajes, comedores y colonias de verano.
h) Establecer los criterios sobre la participación del Centro en actividades culturales, deportivas y recreativas, así como aquellas acciones asistenciales a las que el Centro pudiera prestar su colaboración.
i) Establecer las relaciones de colaboración con otros Centros con fines culturales y educativos.
j) Aprobar el reglamento de régimen interior del Centro.
k) Promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar, así como vigilar su conservación.
l) Supervisar la actividad general del Centro en los aspectos administrativos y docentes.
ll) Cualquier otra competencia que le sea atribuida en los correspondientes reglamentos orgánicos.
2.- Son competencias del Claustro:
a) Programar las actividades docentes del Centro.
b) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del Centro.
c) Fijar y coordinar criterios sobre la labor de evaluación y recuperación de los alumnos.
d) Coordinar las funciones de orientación y tutoría de los alumnos.
e) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación o investigación pedagógica.
f) Cualquiera otra que le sea encomendada por los respectivos reglamentos orgánicos.

En el apartado d) nos arrebatan nuestras atribuciones disciplinarias. Leo textualmente. "Resolver los conflictos e imponer las sanciones en materia de disciplina de alumnos, de acuerdo con las normas que regulen los derechos y deberes de los mismos." Cuando los alumnos se comportan de forma inadecuada, eufemismo moderno para no decir que se comportan como unos bestias, nos encontramos inermes y lo más que podemos hacer es ir a chivarnos al Jefe de Estudios. De ahí, entre otras causas, tantas depresiones. La imagen que damos ante los alumnos al vernos sin la facultad de tomar decisiones y actuar a expensas de la directiva es lamentable. Y aunque la directiva quisiera actuar, tiene las manos atadas, porque también está a expensas del Consejo Escolar, que, por su parte, tampoco puede expulsar un alumno del Centro, haga lo que haga. Cuando la Inspección cambia a un muchacho conflictivo de Centro, que no les pase nada a los que lo reciben. Recuerdo, en la década de los ochenta, a un chico que pegó un tiro a su profesor de Matemáticas, y lo mandaron al Centro donde yo era Jefe de Estudios, en aras del derecho a la Educación. ¿Y dónde está el derecho a la integridad física del resto de miembros de la comunidad educativa? Menos mal que no se presentó, pero no nos llegaba la camisa al cuerpo a ninguno.

Además, según el apartado f), el Consejo Escolar hasta aprueba y evalúa la Programación General Anual, es decir, las Programaciones de los distintos Departamentos Didácticos, a pesar de que los padres, los alumnos, el personal no docente y el representante del Ayuntamiento no tienen, en la mayoría absoluta de los casos, la más remota idea de las diversas asignaturas. Y cuando uno tiene alguna idea, como es nuestro caso, que la mayoría somos padres además de profesores, no va a incordiar al centro donde estudian sus hijos.

En la Diposición Adicional Decimoquinta, en el apartado 2, incluyeron en el Cuerpo de Catedráticos de Instituto, a dedo, a los Profesores Numerarios y Psicólogos de Enseñanzas Integradas, y a los Profesores de la Institución San Isidoro en el de Agregados. Sin oposiciones como los demás.

En el Apartado 7 de esta misma Disposición, destruyeron el Cuerpo de Inspectores de Bachillerato e hicieron un refrito entre los Cuerpos de Inspección de EGB, Bachillerato y Formación Profesional, y suprimieron las oposiciones para acceder a la Inspección. ¿A quiénes querrian beneficiar? ¿O perjudicar?

En relación con nuestra imagen ante la sociedad, se encuentra el Art. 22 de la LOGSE, en el que se establece la promoción automática de los alumnos. Ante la sociedad, los padres y los alumnos, somos unos auténticos incompetentes incapaces de determinar cuándo un alumno debe pasar de curso y cuándo no. Se conoce que los padres de la LOGSE, que son más listos que nadie, deciden por nosotros de puro inútiles que somos.

Y llegamos ya a la última parte de esta exposición: cómo, desde mi punto de vista, han intentado machacarnos moralmente. Empecemos por la LOGSE, la Ley Orgánica General del Sistema Educativo. Para empezar, no dedica un Capítulo al profesorado, como parecería lógico en una Ley dedicada a la enseñanza, factor que a muchos nos hizo meditar acerca de nuestra relevancia en la Educación.

En el Art. 17, se crea un Bachillerato de dos años, el más corto de Europa, en virtud del cual se nos impide preparar a los alumnos para acometer las enseñanzas universitarias. Como consecuencia, nos sentimos frustrados en nuestro trabajo.

En el Art. 20.1, se establecen en la ESO las áreas en vez de las asignaturas, con lo que nos arrebatan la especialidad y convierten, por ejemplo, a los profesores de Física y Química, Biología y Geología en una misma área, a pesar de ser cuatro carreras distintas.

En el Art. 21.2 se crean las optativas en la ESO. ¿Qué consecuencias nos han traído? En primer lugar, la inestabilidad en las plantillas, con la sensación de inseguridad profesional que ello supone, especialmente para las asignaturas que tienen pocas horas. Las optativas no se tienen en consideración al elaborar las plantillas porque depende de si los alumnos las eligen o no. Trae como consecuencia un contínuo trasiego de profesores de acá para allá. En segundo lugar, el descenso en los niveles porque los alumnos nunca elegirán una asignatura difícil, y nos obliga a pasar por las horcas caudinas de aprobar aunque no estudien y, además, quedamos a expensas de caer en gracia a los alumnos, y en tercer lugar, los enfrentamientos en los Claustros para ver qué Departamentos proponen más optativas y consiguen más horas para ellos. Divide y vencerás, ya lo dijo César hace muchos años.

En el Art. 22, aparte de decir majaderías como que "la evaluación será integradora", se nos impone evaluar si los alumnos han alcanzado los objetivos. Y todos sabemos que prácticamente ningún alumno los alcanza. Eso sí, se deja la puerta abierta a que se dé el título con las áreas suspensas que haga falta. La tesitura en que nos ponen es difícil. Leo textualmente sólo los tres primeros objetivos marcados en el Art. 19 de los once que hay para no extenderme demasiado.

a) Comprender y expresar correctamente en lengua castellana y en la lengua oficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, orales y escritos.
b) Comprender una lengua extranjera y expresarse en ella de manera apropiada.
c) Utilizar con sentido crítico los distintos contenidos y fuentes de información y adquirir nuevos conocimientos con su propio esfuerzo.

¿Cuántos alumnos de los que obtienen el título cumplen simplemente estos tres? ¿Cuántos problemas ha generado en los Claustros? ¿Y cuántos enfrentamientos en las Juntas de Evaluación? Y al final, cada Centro decide con cuántas áreas suspensas se da el título, porque quieran o no hay que ceñirse a hechos objetivos y lo contrario genera discriminaciones. De todas formas, se da la circunstancia de que en un IES se da el título con cuatro áreas suspensas y en el de al lado, con una, con lo cual la discriminación está servida.

En la Disp. Ad. 3ª 3.a, se establece el número máximo de alumnos por aula, pero sólo para la enseñanza Primaria y la ESO. Se les olvida limitar el número de alumnos en el bachillerato, qué casualidad.

Todos sabemos que en la LOGSE se suprimió el Cuerpo de Catedráticos de Instituto, pero lo que ya no sabe todo el mundo es que en la Disp. Ad. decimocuarta 1.b: se crea el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Es decir, ya no hay catedráticos de Matemáticas, por ejemplo, pero sí de Esgrima, por ejemplo. Otro problema de lógica me asalta. ¿Qué querían conseguir con la destrucción del Cuerpo de Catedráticos de las EEMM? ¿Qué con la creación del de Artes Escénicas? ¿Quizá quitar relevancia a unos y dársela a otros? ¿Pretendían acaso promocionar los extintos juegos florales y minimizar los estudios académicos?

Y en la Disp. ad. 14ª 2.b adquieren la condición de catedrático todos los Profesores de Término de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos así, por Ley. Mientras que para nosotros nos establecen un concurso-oposición, y en la Ad. 16.3. nos imponen como tope un 30% de profesores con condición de catedrático.

Y llegamos a la Transitoria 4ª: esta sí que es buena. En la Disp. Ad. 10ª se establece que los maestros desempeñarán sus funciones en la Enseñanza Infantil y en la Primaria, y nosotros en la Secundaria, la Formación Profesional y el Bachillerato. Pues bien, en la Transitoria 4ª se faculta a los Maestros para dar clase en el primer ciclo de la ESO durante los diez primeros años de vigencia de la Ley, pero los que entren se podrán quedar para siempre. La cantidad de desaguisados que nos ha causado: profesores de Secundaria desplazados de sus centros habiendo horas de su asignatura en el primer ciclo porque las imparte un maestro, dando clase del primer ciclo en un centro que no es el suyo. Porque según la Ley nos pueden obligar a dar clase en el primer ciclo, pero no tenemos derecho a pedirlo voluntariamente porque tienen prioridad los maestros. Es el único país de Europa en donde los maestros dan clase hasta los catorce años. Y ya para qué hablar del desarrollo de esta Disposición de la LOGSE: hasta maestros interinos, contraviniendo la propia LOGSE, tienen preferencia para dar este primer ciclo sobre nosotros.

Sin necesidad de dictar ninguna Ley, en la década de los ochenta se suprimieron las tarimas de las aulas. Es algo que a simple vista parece no tener ninguna importancia, pero bajo esa aparente fruslería se esconde una táctica psicológica: la intención era que los alumnos se sintieran al mismo nivel de los profesores. Y no sólo lo han conseguido, sino que se han pasado: los alumnos nos tratan no ya de igual a igual, nos miran por encima del hombro y, con ello, la disciplina se ha resentido notablemente. Amén de que tenemos que forzar mucho más la garganta y resulta más complicado controlar las clases y vigilar los exámenes. Fue el principio del declive de nuestra autoridad, creo yo provocado. Pero no se conformaron con eso. Empezaron a promulgar decretos con los derechos de los alumnos, en los que a veces se nos trataba como si fuéramos unos desalmados, porque parecía que tenían que defenderlos de nosotros, los profesores.

El último aspecto que voy a señalar es el aumento notorio de las horas complementarias, burocracia, papeleos, reuniones y mandangas, y la única explicación que encuentro es que lo han hecho simplemente para darnos más trabajo, porque no tienen utilidad ninguna.

En fin, resumiendo, creo que nos han arrebatado competencias estrictamente nuestras, que han intentado desvirtuar nuestro trabajo, que han pretendido que no nos dediquemos a enseñar, sino a tener guardados a los chicos, que nos han discriminado del resto de funcionarios, que nos han abrumado con trabajo absurdo, que han intentado desacreditarnos ante la sociedad y ante nosotros mismos, y que si funciona algo en la enseñanza es gracias a nuestro denuedo y fortaleza. A pesar de los sindicatos de clase, que dieron su placet a la Ley 30/84, y a los sindicatos de la enseñanza, que o unos defienden con uñas y dientes la LODE y la LOGSE, y otros las admiten.

Por último, dado que la legislación Educativa a partir de principios de los ochenta ha estado en manos de psicólogos y pedagogos, y las bajas por depresión y estrés en el profesorado han aumentado escandalosamente, me viene a la mente otra cuestión de lógica: ¿qué pretendían? ¿han sido unos auténticos incompetentes o, quizá, han sido muy hábiles?

Juzguen Vds. a partir de las evidencias que he presentado. Muchas gracias por la atención que me han prestado.


Blanca García Olmos es presidente nacional de la Asociación de Profesores de Secundaria (APS).